Angelina B. Gradas

Atlixco. La plazuela Santa Rita se encuentra en los tribunales federales esto debido a que 10 de los 100 ejidatarios a quienes en el 2001 les compraron las tierras a 10 pesos el metro y en donde hoy se asienta esta central regional de abastos, continúan el proceso legal para la recuperación de sus tierras, debido a que en el 2015 detectaron la reventa de estos terrenos.

Actualmente han logrado un amparo que impide al gobierno actual continuar con el crecimiento y mejoramiento de la infraestructura en el lugar.

La presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo, dio detalles durante una entrevista en donde detalló el tema: “Esta en los tribunales federales, porque es materia agraria. Estamos regidos por una ley general, materia de una ejecutoria de amparo por ello es que se determinó que no se podía hacer obra en Santa Rita, hasta en tanto cuanto no terminen de desahogar el tema en materia agraria no se va a poder avanzar”.

Y continuó ante el cuestionamiento de quienes tienen interpuesto este amparo: “Es un tema bastante atrasado a partir de las ventas que se empezaron a hacer desde el principio, desde el 2015 se empiezan a realizar ventas y es cuando aparecen productores inconformes, y dueños de los terrenos y promueven su juicio agrario”.

Además, aseguró que también se están investigando lo que en ese trienio denominaron como permutas, aunque apuntó que no es la correcta figura jurídica para denominar lo que hicieron.

Santa Rita se orquestó en el gobierno de Felipe Velázquez Gutiérrez (2002-2005) la compra de terrenos a ejidatarios de la zona de la junta auxiliar de la Magdalena Axocopan, planteaba no solo el traslado del tianguis regional a dicha zona si no también la central de autobuses dando pie a un desarrollo inmobiliario en donde un grupo de inversionistas relacionados con el Partido Acción Nacional (PAN) serían los beneficiados al comprar a 10 peso el metro para revenderlo en 150.

En su momento Salvador Torres, quien fungió entonces como administrador de mercados relató en entrevista a esta reportera que, tras un recorrido realizado con Felipe Velázquez tuvo conocimiento de este proyecto que planteaba, unidades habitacionales, bancos y más, pese a que el objetivo únicamente era reubicar el tianguis para congratularse con los ciudadanos y así relató este recorrido:  

“Surge la invitación a acompañar a Felipe Velázquez, José Ramón Moran, Augusta Díaz de Rivera y Enrique Acosta. Ese día abordamos a grandes rasgos los criterios para la central de acopio y no central de abastos. Criticó mis puntos de vista por estar aparentemente en un error. Dijo tener en mente un mercado o tianguis y en los alrededores casas de cambio, comercios establecidos y hasta un banco; cuestiones de esas”

La respuesta fue entonces por parte de Salvador Torres: “espérame, planeas otra situación y no resolver el problema del tianguis. La punta de choque fue el siguiente comentario que hizo el expresidente: ‘imagínate si estamos comprando a 10 pesos el metro cuadrado, la venta de los lotes sería de entre 150 y 200 pesos. Además, dotarlos de servicios será con recursos públicos y los alrededores pueden adquirirlos inversionistas. ¿De cuántas ganancias estamos hablando sin poner en riesgo el capital sin ponerle mano?”

El ex administrador detalló que fue entonces cuando él se retiró porque se planteaba un proyecto inmobiliario y entonces aseguró que recibió como respuesta de Velázquez Gutiérrez: “Y la respuesta alcanzó tintes de lacónica: esto es negocio y además negocio licito”.

Tras hacerse público este plan los ejidatarios se inconformaron e impidieron mediante juicios agrarios el avance de los trabajos durante al menos 12 años, manteniendo en el limbo las tierra y el proyecto inmobiliarias que fue rescatado durante el regreso a la presidencia municipal de José Luis Galeazzi Berra (2014-2018), quien logró concretar el tema de la plazuela Santa Rita, convirtiendo esta área en una zona industrial por ello la llegada de la ensambladora Sumitomo y los adelantos de la instalación de empresas productoras de energía limpia, de una empacadora de aguacate y hasta de Chile la Morena. De todo ello sólo se concretó Plazuela del productor y Sumitomo.

Fue en el 2015 cuando ejidatarios aún inconformes detectan la venta de predios en la zona, por lo que retomaron el juicio agrario por el cual el gobierno actual no puede realizar obra pública en esos terreno, ya que los dueños piden la restitución de sus tierra lo que determinará el juez federal en materia agraria.